Tribunal ordena a la SEDENA entregar contratos sobre el software Pegasus

Un Tribunal Colegiado ratificó este martes una resolución judicial que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hacer públicos los contratos vinculados con el sistema de espionaje Pegasus. La resolución pone fin a un litigio iniciado en 2022, derivado de la negativa de la dependencia para transparentar información sobre contrataciones que superan los 140 millones de pesos, las cuales habían sido ocultadas bajo argumentos de seguridad nacional.

El fallo obliga a la institución castrense a entregar la documentación técnica y administrativa que detalle las condiciones, alcances y justificaciones de las adquisiciones. Durante el proceso legal, diversas organizaciones civiles habían solicitado el acceso a estos documentos, argumentando que el uso de herramientas de vigilancia debe estar sujeto a un escrutinio estricto para evitar violaciones a los derechos humanos y a la privacidad de periodistas y defensores de derechos humanos.

La SEDENA había mantenido una postura de reserva sobre estos archivos, alegando que la divulgación de los detalles operativos podría comprometer la capacidad de inteligencia del Estado mexicano. Sin embargo, los magistrados determinaron que la naturaleza de los contratos no justifica una opacidad total, especialmente cuando existen indicios documentados sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país.

Esta decisión del Poder Judicial representa un precedente importante en la lucha por el acceso a la información pública en México. El cumplimiento de esta sentencia será supervisado por los juzgados correspondientes para asegurar que la información entregada sea íntegra y no contenga censura arbitraria sobre los datos técnicos de las contrataciones.

Con esta determinación, la SEDENA se ve obligada a transparentar sus procesos de adquisición tecnológica ante la ciudadanía. Los colectivos que han dado seguimiento a este caso han señalado que la entrega de esta información es un paso necesario para esclarecer el destino de los recursos públicos y el marco legal bajo el cual opera la inteligencia militar en el territorio nacional.