Sheinbaum pide a la FGR aclarar situación jurídica de José Luis Abarca
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República informar sobre el estatus legal del exalcalde de Iguala, quien mantiene procesos abiertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este viernes que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar detalladamente la situación jurídica actual de José Luis Abarca Velázquez. El exalcalde de Iguala, Guerrero, permanece recluido en un centro penitenciario federal mientras enfrenta diversos procesos judiciales pendientes, además de una sentencia condenatoria que alcanza los 92 años de prisión.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó la importancia de que la institución autónoma mantenga informada a la ciudadanía sobre el avance de los expedientes. Sheinbaum enfatizó que el Poder Ejecutivo respeta la autonomía de la Fiscalía, pero insistió en que el interés público exige claridad sobre los casos que han marcado la agenda de justicia en el país, especialmente aquellos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.
José Luis Abarca ha sido una figura central en las investigaciones relacionadas con los eventos ocurridos en Iguala años atrás. A pesar de la sentencia dictada en su contra, el exfuncionario continúa bajo el escrutinio de las autoridades federales debido a otras causas penales que siguen su curso dentro del sistema judicial mexicano, lo que ha generado múltiples solicitudes de información por parte de diversos sectores de la sociedad civil.
La postura de la titular del Ejecutivo refuerza la política de transparencia que su administración ha buscado implementar respecto a los casos judiciales de alto perfil. Aunque la FGR es un organismo independiente, el Gobierno de México ha reiterado que el acceso a la información sobre los procesos penales es un derecho fundamental para garantizar la rendición de cuentas ante la nación.
Finalmente, se espera que en los próximos días la Fiscalía emita un informe técnico donde detalle los puntos específicos de los procesos vigentes contra el exedil. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias mantienen bajo estricto resguardo al detenido, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos para internos de alta peligrosidad en el sistema federal.
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