Red empresarial despoja de propiedades a adultos mayores en CDMX
Una presunta red de prestanombres utiliza litigios prolongados para arrebatar locales comerciales a personas de la tercera edad en zonas céntricas de la capital.

Habitantes de distintas colonias céntricas de la Ciudad de México han denunciado la operación de una red dedicada al despojo de locales comerciales, afectando principalmente a adultos mayores. Mediante tácticas que incluyen el inicio de litigios interminables y el uso de prestanombres, los implicados buscan el control de inmuebles bajo esquemas de impago y presión judicial constante.
Los afectados reportan que los agresores aprovechan la vulnerabilidad legal y la falta de capacidad de respuesta de los dueños originales para forzar ventas a precios muy por debajo del valor de mercado o, en su defecto, tomar posesión de los predios mediante argucias legales. Este modus operandi se ha concentrado en zonas de alta plusvalía, donde los locales comerciales representan el único patrimonio de jubilados que dependen de sus rentas para subsistir.
Representantes de grupos de vecinos han señalado que la situación ha escalado en los últimos meses, complicando la situación jurídica de decenas de familias. Según los testimonios recabados, la red emplea a despachos jurídicos especializados en dilatar los procesos judiciales hasta agotar los recursos económicos de las víctimas, logrando que estas desistan de sus reclamos de propiedad.
Ante esta problemática, autoridades locales han comenzado a recibir las primeras denuncias formales para iniciar las investigaciones correspondientes. Se ha propuesto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realice una revisión integral de los expedientes vinculados a estas transacciones sospechosas para determinar la posible comisión de delitos como fraude, extorsión y despojo.
La ciudadanía exige una intervención más activa por parte de las instancias de procuración de justicia para frenar estas prácticas que atentan contra la seguridad patrimonial. Por el momento, se mantiene un llamado a los propietarios afectados para que se acerquen a los mecanismos de defensa jurídica gratuita que ofrece el gobierno local, con el objetivo de documentar cada caso y fortalecer las carpetas de investigación.
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