Minera Peñasquito enfrenta plazo final para cumplir plan laboral bajo T-MEC

El próximo 28 de octubre vence el plazo otorgado a la empresa Minera Peñasquito, ubicada en Zacatecas, para ejecutar de manera efectiva el plan de reparación laboral requerido por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Este requerimiento deriva del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos de libre asociación y negociación colectiva de los trabajadores en la planta.

Una vez que se cumpla la fecha límite, el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, iniciará junto con las autoridades de Washington un periodo de evaluación de 30 días. Durante este lapso, equipos técnicos realizarán inspecciones en campo para verificar si las acciones correctivas emprendidas por la minera fueron suficientes y si se garantiza el respeto a los derechos sindicales de los empleados conforme a la normativa vigente.

El resultado de esta verificación será determinante para definir el estatus de las operaciones en la unidad minera. En caso de que la evaluación determine que los compromisos no fueron cumplidos a cabalidad, el marco comercial del T-MEC permite la apertura de procedimientos que podrían derivar en sanciones económicas o en la suspensión temporal de beneficios arancelarios para los productos provenientes de esta instalación extractiva.

La Secretaría del Trabajo ha mantenido mesas de diálogo para asegurar que el proceso de remediación incluya la reinstalación de trabajadores afectados y la garantía de que no existan represalias por actividades sindicales. Por su parte, la empresa ha señalado que se encuentra trabajando para cumplir con los estándares internacionales exigidos en el tratado comercial, buscando mantener la continuidad operativa en la región de Mazapil.

Este proceso de supervisión es seguido de cerca por diversos organismos laborales, quienes enfatizan la importancia de que la resolución final otorgue certeza jurídica a los trabajadores. La evaluación que comenzará en noviembre marcará un precedente sobre la aplicación de las cláusulas laborales del tratado en el sector minero mexicano, impactando directamente en la relación comercial entre ambos países.