Extorsión impacta hasta 5% de la cadena de valor del aguacate
El pequeño comercio advierte que la inseguridad encarece el fruto y propone incluir su exportación en la estrategia de seguridad nacional.

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta un impacto financiero cercano al 5 por ciento debido a las actividades de extorsión que afectan a productores, empacadores y transportistas. Representantes del pequeño comercio han señalado que este fenómeno delictivo no solo eleva los precios al consumidor final, sino que vulnera la estabilidad operativa de uno de los sectores agroalimentarios más importantes del país, especialmente ante la alta demanda internacional vinculada a eventos deportivos de gran escala como el Super Bowl.
Ante este escenario, diversos sectores del comercio han propuesto que la exportación del aguacate sea incorporada formalmente como un eje prioritario en la estrategia de seguridad nacional. La intención es que las autoridades federales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, establezcan protocolos de vigilancia especializados en las zonas de mayor producción, garantizando así la integridad de los trabajadores y el flujo constante de las mercancías hacia los mercados extranjeros.
Los comerciantes sostienen que la inseguridad en las rutas de distribución y en las huertas ha generado costos operativos adicionales que terminan por absorberse en el precio final del producto. Esta situación se agudiza en temporadas de alta exportación, cuando la presión por cumplir con los pedidos internacionales expone a los productores a mayores riesgos de intentos de cobro de piso por parte de grupos delictivos que operan en las regiones aguacateras.
Aunque el gobierno federal ha implementado diversos operativos de vigilancia en los estados con mayor producción, los actores del sector comercial insisten en que se requiere un replanteamiento integral que contemple la trazabilidad y la seguridad logística como un activo estratégico. La propuesta busca que la protección de esta agroindustria sea tratada con la misma relevancia que otros sectores económicos críticos, asegurando que la producción nacional mantenga su competitividad frente a la creciente presión de los mercados internacionales.
Finalmente, se espera que el diálogo entre las cámaras de comercio y las autoridades de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura se intensifique en los próximos meses. El objetivo compartido por los gremios es reducir los márgenes de operación de la delincuencia organizada y devolver la certidumbre a miles de familias que dependen directamente de la producción y comercialización del llamado oro verde mexicano.
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