Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en Sinaloa

Representantes del sector minero y familiares de víctimas exigieron este jueves al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementar una estrategia de seguridad reforzada en Sinaloa. La petición surge tras los recientes casos de desapariciones y homicidios de mineros en la entidad, hechos que han encendido las alertas sobre la vulnerabilidad del gremio ante la delincuencia organizada en zonas extractivas. Los demandantes subrayaron que estos eventos no deben ser tratados como simples estadísticas, sino como una crisis humanitaria que requiere atención inmediata de las autoridades federales.

La industria minera mexicana, a través de sus cámaras representativas, ha solicitado formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un incremento en la vigilancia en las rutas de transporte y en las inmediaciones de los centros de trabajo. La propuesta del sector incluye la creación de protocolos de comunicación directa con las fuerzas federales y la presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional en regiones con altos índices de violencia, donde las empresas operan bajo constante riesgo.

Por su parte, las autoridades federales han indicado que se encuentran en proceso de revisión de las estrategias de seguridad vigentes para fortalecer la protección en las zonas mineras más conflictivas del país. El gobierno federal ha señalado la intención de establecer mesas de diálogo con los representantes empresariales y los gobiernos estatales para coordinar operativos de inteligencia que permitan desarticular las células criminales que operan en las áreas rurales y serranas de Sinaloa.

El impacto de la inseguridad ha generado preocupación sobre la continuidad de las operaciones mineras, las cuales son fundamentales para la economía regional. Los familiares de los mineros desaparecidos han insistido en que la justicia debe ser el eje central de las investigaciones, evitando la impunidad que ha caracterizado casos similares en años anteriores. La exigencia es clara: se requiere un entorno donde la labor minera no represente una sentencia de riesgo para los trabajadores ni sus familias.