El huachicol fiscal: la herencia operativa tras la reforma energética de 2013

La estructura normativa derivada de la reforma energética de 2013 permitió la proliferación del llamado huachicol fiscal, una modalidad de evasión que consiste en la importación de combustibles bajo etiquetas falsas o descripciones alteradas. Durante la crisis sanitaria de 2020, las autoridades federales identificaron que diversas empresas utilizaban la simulación de importación de aditivos y lubricantes para introducir gasolinas y diésel al país sin pagar los impuestos correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, afectando directamente la recaudación de la SHCP.

El esquema operaba aprovechando la fragmentación en los permisos de importación y la falta de supervisión robusta en los puntos de internación aduanera. Al clasificar el combustible como productos petroquímicos o aditivos, los actores involucrados lograban eludir los controles que el SAT impone a los hidrocarburos convencionales. Esta práctica no solo representó una pérdida significativa para el erario, sino que también alteró las condiciones de competencia equitativa en el mercado nacional de combustibles.

Desde la perspectiva de las autoridades actuales, el combate a esta modalidad de contrabando ha requerido una coordinación estrecha entre el SAT, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Marina. La estrategia se ha centrado en fortalecer la vigilancia en las aduanas marítimas y terrestres, implementando auditorías más estrictas sobre la cadena de suministro de petrolíferos y verificando físicamente las sustancias declaradas ante la autoridad aduanera para evitar que se disfracen cargamentos de hidrocarburos.

La problemática subraya los desafíos de supervisión que surgieron tras la liberalización del sector. Mientras el Congreso de la Unión analiza nuevas propuestas para endurecer las sanciones contra el contrabando de hidrocarburos, el gobierno federal mantiene operativos permanentes para desmantelar las redes que persisten en la subdeclaración de mercancías. La lucha contra el huachicol fiscal se ha convertido en una pieza clave de la política de austeridad y combate a la corrupción que busca asegurar que los ingresos tributarios por la venta de combustibles lleguen efectivamente a las arcas nacionales.